Antes de la derogación de las presunciones contra la libertad bajo fianza en 2021, había una lista de delitos que, someterían a una persona a prisión preventiva. Esto significaba que, por el mero hecho de ser acusado de uno de estos delitos, existía una presunción en contra de la libertad bajo fianza y a favor de la prisión preventiva.

Esta presunción desplazaba la carga de la prueba de la necesidad del Fiscal de la Commonwealth de demostrar por qué esa persona debía ser mantenida en prisión, a la necesidad de la persona acusada de demostrar por qué debía ser puesta en libertad. Esto es lo contrario de cómo deben funcionar los casos penales en nuestro país, donde la carga de la prueba de que debe privarse de libertad a una persona recae siempre en el fiscal. A menudo, las personas tendrían que refutar esta presunción sin el apoyo de un abogado.

Las presunciones contra la libertad bajo fianza se introdujeron por primera vez en Virginia en 1996. En aquel momento, la Asamblea General de Virginia (AG) aprobó una nueva ley por la que se introducía una presunción refutable sobre la base de tres condiciones específicas asociadas a los principales delitos de distribución de drogas (por ejemplo, que el acusado hubiera sido condenado anteriormente como «capo de la droga»). En estos casos, la carga de la prueba se trasladó al acusado para demostrar que no suponía un peligro irrazonable y que comparecería en las vistas posteriores. A lo largo de los 25 años siguientes, este conjunto relativamente reducido de excepciones se amplió drásticamente 10 veces hasta abarcar más de 40 circunstancias.

En diciembre de 2021, la Comisión de Sentencias Penales de Virginia publicó los datos de la primera cohorte del Proyecto de Datos Previos al Juicio de octubre de 2017. Estos son los últimos datos sobre el funcionamiento real del sistema de prisión preventiva de Virginia

Ariel BenYishay Profesor Asociado de Economía en el College of William & Mary, analizó estos datos y elaboró un informe sobre sus conclusiones. informe con sus conclusiones (publicado el 24/23 de febrero).

CONCLUSIONES PRINCIPALES:

• Hubo más personas sometidas a presunciones contra la libertad bajo fianza de lo que muchos suponían. Al menos el 9,5% de todos los imputados y posiblemente más del 30% de todos los imputados.
• Los datos no corroboran que quienes se enfrentaban a presunciones contra la libertad bajo fianza tuvieran más probabilidades de participar en actividades delictivas mientras esperaban el juicio. De hecho, los que se enfrentan a presunciones, independientemente de lo alta que sea su puntuación en la evaluación de riesgos, no tenían más probabilidades de reincidir que los que no se enfrentaban a presunciones.

• A pesar de no haber un aumento del riesgo, los que se enfrentan a presunciones tienen muchas menos probabilidades de quedar en libertad antes del juicio. Mientras que el 83% de los acusados fueron puestos en libertad cuando no había presunciones, sólo el 50% de los que se enfrentaban a presunciones fueron puestos en libertad. Incluso aquellos con la puntuación más baja en la evaluación de riesgos tenían más probabilidades de ser detenidos si se enfrentaban a una presunción
• La presencia de presunciones (antes de 2021) probablemente costó al menos 65 millones de dólares en costes adicionales de funcionamiento de las cárceles (de los cuales al menos 23 millones de dólares corrieron a cargo del presupuesto de la Commonwealth) y creó importantes cargas no cuantificadas para los acusados, sus familias y las comunidades, sin mejorar la seguridad pública.

Las presunciones contra la libertad bajo fianza dan lugar a desigualdades en nuestro sistema jurídico: quienes tienen recursos suelen poder superar las presunciones, mientras que las personas que no pueden permitirse un abogado permanecen detenidas mientras esperan a que se resuelva su caso. Los virginianos negros, latinos, indígenas y asiáticos e isleños del Pacífico tienen más probabilidades de no poder contratar a su propio abogado, aunque esto afecta también a muchos virginianos blancos de clase trabajadora y pobres.

• La seguridad pública abarca mucho más que las cifras de detenciones. La seguridad pública significa que los miembros de la comunidad mantienen su vivienda y su seguridad laboral, pueden estar en casa para cuidar de sus hijos y levantar y apoyar a su comunidad.
• La detención es profundamente desestabilizadora y traumatizante, y despoja a las personas de mucho más que su libertad individual. Numerosos estudios demuestran que tan sólo tres días de detención pueden desarraigar completamente a una persona y provocar inestabilidad en la vivienda, pérdida de empleo y desestabilización familiar. Esta desestabilización y trauma puede llevar a los individuos a tomar malas decisiones. Los datos confirman que el encarcelamiento de personas antes del juicio durante cualquier periodo de tiempo se asocia a una mayor probabilidad de una nueva detención antes del juicio.
• Las personas que no presentan riesgo de fuga y no suponen un peligro para el público o para sí mismas deberían poder defender su causa penal desde la seguridad de sus hogares y con el apoyo de sus familias, en lugar de entre rejas.

• En los seis primeros meses tras la entrada en vigor de la derogación de las presunciones, hubo 8.482 personas que fueron acusadas de al menos un delito que anteriormente habría desencadenado una presunción contra la libertad bajo fianza. Anualmente se presumía que unos 17.000 virginianos necesitaban prisión preventiva basándose únicamente en los cargos.
• Virginia calcula que cada una de esas 17.000 personas detenidas habría permanecido retenida 47,54 días. Es decir, 806.469 días de detención al año que no se basan en nada específico de su caso o de la persona acusada.
• En 2020, la ayuda estatal total estimada para las cárceles locales fue de 37,58 dólares de media por persona detenida y día.