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Durante casi ocho años, hemos estado luchando en nombre de cuatro familias que finalmente se vieron obligadas a abandonar sus hogares en un parque de casas prefabricadas del condado de Fairfax porque uno de los cónyuges no pudo demostrar la presencia legal de inmigración y porque su propietario cobró a estas familias alquileres más altos. Dos veces durante esta lucha, apelamos las decisiones negativas de los tribunales federales de distrito, y a principios de esta semana, recibimos una importante victoria del Cuarto Circuito. El caso es de Reyes v. Waples Mobile Home Park, y la decisión se puede encontrar aquí.

Nuestra apelación se refería a si los demandados podían demostrar una «necesidad comercial» para su política de denegar a los residentes la posibilidad de vivir en el parque debido a su estatus migratorio. Los demandados habían alegado que corrían el riesgo de infringir una ley federal contra el acoso si les permitían residir en su parque, pero el Tribunal de Apelación rechazó firmemente ese argumento, al considerar que la ley no era aplicable en esas circunstancias. El mero hecho de alquilar no constituye «encubrimiento» ilegal, lo cual, señala el dictamen, «tiene mucho sentido:»

El dictamen también señala que los demandados no actuaron como una parte preocupada por el refugio: en lugar de desalojar a los inquilinos inmigrantes que no podían cumplir el requisito de prueba de presencia legal de inmigrantes, el propietario simplemente les subió el alquiler.

Nos asociamos en este recurso con Zuckerman Spaeder, y recibimos el apoyo (mediante escritos amicus curiae) de muchas organizaciones, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estamos encantados de que esta decisión sirva de precedente en futuros casos que impugnen de forma similar políticas que pretendan excluir y desahuciar a personas de su vivienda por motivos de raza, origen nacional o cualquier otra clase protegida.

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