Declaración sobre la propuesta de reapertura de Virginia

Declaración del Centro de Justicia y Asistencia Jurídica Sobre la propuesta de reapertura de Virginia

El asombroso anuncio del gobernador Northam el lunes, reiterado hoy, de que Virginia podría reabrir parcialmente sus puertas a los negocios a partir del 15 de mayo es imprudente y cruel.

Una reapertura parcial el 15 de mayo es temeraria por las siguientes razones de salud pública:

• La tasa de pruebas de COVID-19 de Virginia es una de las peores del país. La Commonwealth ocupa el puesto ⁴⁸ entre los estados.
• Virginia aún no cuenta con un sistema establecido para el rastreo de contactos, un método que otros países han utilizado con éxito para frenar la propagación del virus en ausencia de una vacuna. (Hoy nos hemos enterado de que ni siquiera sabemos cuántas personas trabajan en el Estado para localizar contactos, por no hablar de si hablan español u otros idiomas).
• Debido a la presentación asintomática, es probable que las tasas de infección sean muy superiores a las notificadas, sobre todo en entornos colectivos, como residencias asistidas y cuidados de larga duración, hogares de grupo, cárceles y prisiones de adultos y jóvenes, y otras formas de detención, algunas de las cuales no se someten a ninguna prueba.
• Sin vacuna ni rastreo de contactos, dependemos únicamente de la inmunidad de rebaño, lo que significa que el 70% de las personas contraerán el virus.

Una reapertura parcial el 15 de mayo es cruel por las siguientes razones humanitarias:

• Debido a las desigualdades raciales sistémicas, las tasas de infección y mortalidad son más elevadas en las comunidades negras y marrones. En Richmond, la capital de nuestro estado, 15 de las 16 muertes por COVID-19 eran residentes negros. En el condado de Fairfax, aunque sólo el 17% de la población es hispana, el 56% de todos los casos confirmados son hispanos.
• Si los tribunales siguen las directrices del Gobernador, los expedientes se llenarán de propietarios que claman por desahuciar a los inquilinos y de cobradores de deudas que pretenden embargar los salarios y los cheques de estímulo.
• Se pedirá a las personas encarceladas, incluidos los jóvenes, que soporten la tortura psicológica del aislamiento, la única forma de distanciamiento social posible en cárceles y prisiones, en un intento de protegerlos mientras el virus hace estragos en estas instalaciones a un ritmo incluso mayor que el de la población general.
• Los procesadores avícolas y los trabajadores agrícolas seguirán trabajando en condiciones inseguras sin distanciamiento social, sacrificando sus vidas sólo para mantener bajo el precio de la carne y las verduras.
• A medida que reabran los negocios no esenciales, muchos trabajadores con salarios bajos se encontrarán ante una disyuntiva: ir a trabajar, arriesgándose a enfermar o incluso morir, o dar prioridad a la salud y la seguridad y perder el empleo, lo que significa perder el subsidio de desempleo y posiblemente las prestaciones sanitarias, y el riesgo de perder la vivienda, los servicios públicos y la capacidad de cuidar de la familia.
• Con las escuelas cerradas y la pandemia limitando la ya escasa oferta de guarderías asequibles y de alta calidad en Virginia, los padres se enfrentarán a más opciones imposibles y a tener que elegir entre atender las necesidades diarias de sus hijos y velar por la seguridad económica de sus familias.
• Estas decisiones imposibles recaerán a menudo con más fuerza sobre los virginianos negros y morenos, los que cuidan a los niños, llenan las estanterías de las tiendas, sirven comidas en los restaurantes y trabajan en las fábricas.

  
Incluso antes de esta pandemia, Virginia ha estado fallando en todas las medidas que realmente importan: A nivel nacional, estamos en el puesto 43 por las medidas adoptadas para proteger a las personas de perder la vivienda, #40 en financiación estatal por estudiante para la educación primaria y secundaria, y el último en políticas laborales y de empleo favorables a los trabajadores.

Pero, sin embargo, la Commonwealth se situó en el puesto número 1 para los negocios en 2019.

Y nos tememos que esa es la medida que más importa a los responsables políticos.

Nos solidarizamos con los líderes comunitarios que han implorado al gobernador Northam que resista la presión empresarial para poner en peligro la vida y el sustento de los trabajadores con salarios bajos, las poblaciones confinadas y las comunidades de color. Hasta que no podamos ofrecer de forma fiable protecciones y cuidados básicos de salud pública -especialmente a las comunidades marginadas- y tomar medidas enérgicas para minimizar los efectos crueles y desiguales de la pandemia, Virginia debe permanecer cerrada a cal y canto. No hay un margen aceptable de vidas perdidas o familias devastadas que justifique dar prioridad a las presiones económicas sobre la salud y la seguridad de las personas, especialmente cuando los virginianos negros y morenos se llevarían la peor parte de este cálculo mortal.
  

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