Impugnación de la política de internamiento de menores de la ORR
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Simon Sandoval-Moshenberg, (434) 218-9376
UN TRIBUNAL FEDERAL ADMITE UN RECURSO CONTRA LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE UTILIZAR A LOS NIÑOS DETENIDOS COMO CEBO PARA DETENER A LAS FAMILIAS
ALEXANDRIA, VA (16 de noviembre de 2018) — Ayer, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia denegó la moción del gobierno de Estados Unidos para desestimar la demanda de Legal Aid Justice Center de demanda en nombre de los niños inmigrantes detenidos y sus familias, asestando un duro golpe a una nueva política de inmigración que ha mantenido detenidos innecesariamente a miles de niños durante meses. La decisión del Tribunal es una victoria para los niños inmigrantes y sus familias en Virginia y en todo el país.
Este caso es especialmente significativo, no sólo en Virginia, sino a escala nacional. Más de 13.000 niños están retenidos por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en virtud de las políticas impugnadas en esta demanda, cientos de los cuales se encuentran en Virginia. Dado que se trata de políticas federales aplicadas en todo el país, el resultado de este caso tendrá repercusiones a escala nacional.
El Legal Aid Justice Center (LAJC), junto con el bufete de abogados de propiedad intelectual Sterne, Kessler, Goldstein y Fox, interpuso esta demanda colectiva, la primera de su clase, contra la reciente política del gobierno de compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) información sobre los patrocinadores y sobre los miembros de sus familias. Esa política ha dado lugar a detenciones por parte del ICE de familiares y amigos que se presentaron para traer a sus hijos a casa.
«La administración Trump ha estado llevando a cabo una agenda de separación familiar por la puerta trasera, manteniendo a los niños inmigrantes separados de sus familias y utilizando a los niños como cebo para separar a las mismas familias que han viajado tan lejos y arriesgado tanto para unirse», dijo Becky Wolozin, consejera principal y abogada del Programa de Defensa de los Inmigrantes de LAJC. «Esta decisión es una victoria para los niños y las familias inmigrantes. El Tribunal ha dicho claramente que el gobierno no puede atropellar los derechos de estos niños y de sus seres queridos.»
La demanda tiene su origen en la experiencia de cuatro niños bajo custodia de la ORR en Virginia que fueron retenidos por el gobierno durante más de cinco meses mientras sus familiares intentaban llevarlos a casa. Tres de los cuatro niños fueron finalmente reunificados con sus familias, uno de ellos apenas unas semanas antes de que se dictara la orden del Tribunal. Los tres niños que han sido reunificados con sus familias han sido sobreseídos del caso. Un niño permanece bajo custodia del gobierno, donde lleva seis meses separado de su hermana adulta, tras huir de la violencia y el abandono en su país de origen.
«Durante años, la ORR ha hecho caso omiso de sus obligaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo», dijo Salvador Bezos, director de Sterne Kessler y responsable de los asuntos pro bono de la empresa centrados en la inmigración. «La Ley de Procedimiento Administrativo ofrece protecciones esenciales contra este tipo de extralimitaciones de las agencias. Estoy orgulloso de los esfuerzos de mis colegas y del LAJC para obligar al gobierno a cumplir sus obligaciones con los niños bajo su custodia.»
«Se supone que la ORR debe proteger a los niños inmigrantes vulnerables. En lugar de ello, los está poniendo en peligro con el pretexto del bienestar infantil», afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, director jurídico del Programa de Defensa de los Inmigrantes del LAJC. «Su política y su aplicación socavan el éxito de la colocación de los niños con sus familias y las vastas acciones de vigilancia están desestabilizando a las comunidades de inmigrantes».
En la sentencia del 15 de noviembre, la juez Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, defendió firmemente el derecho de los niños a la libertad y el derecho a la unidad familiar de las familias inmigrantes. El juez Brinkema consideró que los menores y sus patrocinadores aportaron razones suficientes para sugerir que se habían vulnerado sus derechos constitucionales, y que el gobierno infringió la Ley de Procedimiento Administrativo al promulgar su política de compartición de ICE a principios de este año. El caso seguirá adelante mientras el LAJC trabaja para certificar la clase y las partes trabajan para completar la presentación de pruebas.
Lea aquí la resolución judicial.
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Legal Aid Justice Center es una organización estatal sin ánimo de lucro de Virginia cuya misión es fortalecer las voces de las comunidades de bajos ingresos y erradicar las desigualdades que mantienen a las personas en la pobreza. Proporcionamos apoyo jurídico a las comunidades de inmigrantes que se enfrentan a crisis legales y utilizamos la defensa y los litigios de impacto para luchar contra los abusos del ICE en materia de aplicación de la ley y detención. Más información en http://www.justice4all.org/current-initiatives/fighting-family-separation/
